La crisis del coronavirus ha golpeado duramente a América Latina y el Caribe. Los sistemas de salud se derrumbaron casi inmediatamente, con una mala gestión como en Brasil, o sin ninguna política ante la crisis sanitaria como en la pequeña Nicaragua. Por otro lado, algunos gobiernos de la región utilizaron la crisis para reforzar la represión, como es el caso de Guatemala. A algunos países, como la República Dominicana, les ha ido mejor que a otros, como Perú. Pero en toda la región, la fragilidad, la inestabilidad y la insuficiencia de los sistemas de protección social se han hecho dolorosamente evidentes. Un análisis del miembro del equipo de WSM, Gijs Justaert, desde la capital Santo Domingo.
Para un grupo creciente de migrantes en América Latina, la crisis del coronavirus fue especialmente dura. Con o sin crisis, la mayoría de ellos pertenecen al grupo de población más vulnerable (ver cuadro). Sin protección social o con muy poca, pero sobre todo, a menudo sin estatus, sin derechos, sin reconocimiento. Durante la crisis y los diversos cierres, la mayoría de ellos se volvieron repentinamente, o tuvieron que volverse invisibles. El acceso a las medidas de apoyo por COVID-19 rara vez estaba destinado a los inmigrantes, especialmente a aquellos cuya situación no estaba resuelta. Pero incluso cuando la pandemia entra en una nueva fase de vacunación, el gran grupo de migrantes vuelve a quedar fuera de la vista, a veces literal y figuradamente.
Para la mayoría de los gobiernos, es una solución fácil que los inmigrantes se vean lo menos posible: lo no reconocido es no querido. Pero esta política tiene consecuencias, y a menudo tiene efectos desagradables como la xenofobia y el racismo, fuertemente arraigados en la sociedad dominicana. Para los movimientos sociales y las organizaciones de migrantes, esto supone enormes retos: hacer visible su situación, defender sus derechos y organizar el acceso a una determinada protección social. A esto se agrega la lucha diaria contra el trasfondo xenófobo y a veces racista de la sociedad.
La Redonda está a unos 2 kilómetros de la carretera, escondida entre metros de caña de azúcar. Se trata de un batey (un pueblo, por así decirlo) de migrantes haitianos en la República Dominicana. Hace generaciones llegaron para trabajar en la industria de la caña de azúcar, que requiere mucha mano de obra. Pero esa producción de caña ha sido diezmada desde entonces, y muchos de los haitianos se quedaron sin trabajo. 
La Redonda es uno de los pocos bateyes donde la población sigue dependiendo de la caña de azúcar. Aunque eso es relativo, un camión lleno de azúcar de caña cortada aporta unas decenas de euros, un salario que se reparte entre todos los trabajadores que ayudaron.
En realidad, las ochenta familias que viven en el batey dependen principalmente de la ayuda externa. Y preferiblemente esa ayuda debería llegarles a su comunidad, porque sin documentos de residencia válidos eres un pájaro para el gato si sales a la calle tú mismo. Especialmente desde la crisis del coronavirus, que ha dado rienda suelta para detener y controlar a todo el mundo en cada oportunidad. Mejor ser invisible entre el azúcar de caña. Sin papeles válidos es difícil encontrar trabajo, lo que no es del todo ilógico. En realidad, es difícil hacer algo en la República Dominicana sin documentos válidos.
Las cifras oficiales hablan de medio millón de migrantes, pero las extraoficiales hablan de un millón, lo que supone el 10% de la población. La mayoría procede de Haití, y desde hace unos años un grupo creciente de venezolanos. Sin papeles, no tienes asistencia sanitaria en la República Dominicana, no tienes protección social, ni acceso a las ayudas. Para ellos, todo empieza con los papeles.
La Fundación Étnica Integral (FEI) fue creada hace unos diez años por el sindicato dominicano CASC. Su objetivo era organizar a los trabajadores inmigrantes para defender mejor sus derechos. Y eso es lo que sigue haciendo la FEI hoy en día, con una comunidad de inmigrantes cada día más numerosa que vive en condiciones cada vez más vulnerables.
Esos papeles van y vienen. En La Redonda, hace tiempo, casi todo el mundo tenía papeles, un permiso de trabajo de cierta duración, pero cuando éste caducaba, las nuevas normas presentaban nuevos obstáculos y nadie podía renovar sus papeles de residencia. Una vez solucionado ese problema, el pasaporte de todos había caducado y había que renovarlo. Para empeorar las cosas, resultó que, para obtener un nuevo pasaporte, había que tener un certificado de nacimiento. Algo que no tiene el 99% de los migrantes haitianos en la República Dominicana. La FEI les guía a través de este proceso, negocia con el gobierno dominicano y la embajada haitiana, organiza el apoyo legal junto con una red de unos 75 promotores reconocidos y, cuando es necesario, facilita el transporte seguro y organizado hacia y desde la embajada o el Ministerio de Migración cuando se pueden recoger los documentos.
Todo empieza con papeles. Porque si los tienes, puedes entrar en el mercado laboral, con un contrato y quizás incluso con protección social. La FEI organiza cursos de formación técnica para jóvenes como fontaneros, albañiles, peluqueros, etc. para que puedan aprender un oficio mientras esperan los papeles. Organizan a los habitantes de los distintos bateyes y crean asociaciones y cooperativas para que juntos puedan poner en marcha una actividad económica. Están construyendo una red de asociaciones de migrantes en el medio centenar de bateyes donde actúan. Un grupo de jóvenes ha desarrollado una idea para una plataforma en línea, que esperan lanzar en el futuro cercano. FEI ofrecerá servicios de capacitación a través de la plataforma online, que van desde electricidad, todo tipo de reparaciones, fontanería, hasta servicios de limpieza. La FEI será entonces el empleador, se encargará del contrato de servicios y se asegurará de que los titulares de los puestos, con o sin papeles, lleguen a su lugar de trabajo de forma segura. Me pregunto si funcionará.
Eso también, por supuesto, es el resultado de una situación no regulada. El gobierno dominicano ha vinculado el derecho a una vacuna a la residencia, es decir, a tener documentos oficiales de residencia. Algo que tampoco tienen la mayoría de los "residentes" belgas. Pero mientras que los expatriados europeos con pasaporte siempre pueden encontrar acceso a una vacuna, esto es mucho menos evidente para los inmigrantes haitianos. Es más, no están dispuestos a vacunarse, sobre lo que apenas se les ha informado.
En la República Dominicana, la vacunación se lleva a cabo con relativa fluidez, con cientos de miles de vacunas enviadas semanalmente por avión desde China y con una estrategia de vacunación ciertamente menos regulada y organizada según los estándares occidentales, pero quizás sea precisamente por eso por lo que se lleva a cabo con tanta fluidez. Cualquier persona mayor de 18 años puede inscribirse con su pasaporte o documento de identidad en cualquier centro de vacunación. La población que quiere vacunarse ya lo ha hecho. Excepto el gran grupo de inmigrantes.
Con el apoyo de WSM, el otro movimiento de trabajadores migrantes haitianos en la República Dominicana, MOSCTHA, pudo lanzar una campaña de sensibilización, información y vacunación de la población migrante. Como resultado de su exitosa labor política, la clínica de MOSCTHA, situada en el norte de Santo Domingo, donde conviven muchos haitianos o dominicanos de origen haitiano, está ahora acreditada como centro de vacunación y la organización consigue vacunar a los inmigrantes, con y sin papeles. Con un transporte seguro y organizado desde los bateyes.
"En las jornadas de vacunación siempre hay alguien del ejército y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social", explica María Martínez, responsable del departamento jurídico de MOSCTHA. "En principio, no se nos permite vacunar a los inmigrantes indocumentados. Pero nos las arreglamos para acogerlos. Por ahora, parece que funciona". MOSCTHA organizó las dos primeras jornadas de vacunación los días 14 y 15 de mayo. Con la presencia militar en la puerta, no es una tarea fácil para los inmigrantes indocumentados. Pero gracias a la gran confianza de que goza la organización en la comunidad de migrantes en República Dominicana, consiguió administrar un centenar de vacunas el primer día.
La crisis del coronavirus ha traído más desigualdad, y ha empujado especialmente a los estratos más bajos de la famosa y extensa clase media latinoamericana a la pobreza. De hecho, este declive ya había comenzado unos años antes, en torno a 2015, cuando después de quince años prósperos para la región, la crisis internacional provocó la caída de las exportaciones de materias primas latinoamericanas, lo que provocó recortes en las políticas públicas de la región. Sin embargo, la crisis del coronavirus aceleró el declive a gran velocidad.
Justo antes de esta crisis, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, o CEPAL para abreviar, había examinado la cuestión de la clase media latinoamericana en su Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2019) y llegó a una conclusión alarmante: el grueso de esa clase media es de extrema a extremadamente vulnerable. En efecto, si se toma a los "verdaderos pobres" (las personas en condición de pobreza del estrato inferior, 30,8%, y las personas en condición de pobreza extrema, 11,5%) junto con esa parte vulnerable de la clase media, se llega al 76,8% de la población. Esto supone más de tres cuartas partes de la población de la región que puede considerarse de vulnerable a la extrema vulnerabilidad.
En otro estudio de CEPAL, de este mismo año, sobre "Migración y protección social, hacia una inclusión sin racismo ni xenofobia" (CEPAL, 2019), el organismo afirma que tres grupos se encuentran invariablemente en las capas más bajas, vulnerables y desprotegidas de la población: la población indígena; los latinos afrodescendientes y los migrantes. La xenofobia, en países como la República Dominicana, parece ser no sólo una consecuencia de las políticas públicas, sino también parte de ellas: de las políticas públicas, instituciones y sistemas como el de protección social que, en el año 2021, siguen excluyendo sin pudor a un 10% de la población, según concluye también un reciente estudio de la red de protección social INSP!R República Dominicana.
Autor: Gijs Justaert, Coordinador Continental América Latina y Caribe, WSM
© Gijs Justaert
