La pandemia del coronavirus ha evidenciado, una vez más, la ausencia de protección social en el Perú y en América Latina. El 75 % de los trabajadores está en condición de trabajador informal y no tiene acceso a un seguro social, en atención en salud y no tiene jubilación. El 31 de diciembre del 2019, se dió una Ley que señala que todos los peruanos pueden ser atendidos en el Sistema Integral de Salud (SIS). Sin embargo aun no se ha puesto en práctica.
Para enfrentar el coronavirus, el Gobierno peruano, como muchos, está desarrollando una estratégia de contención y aislamiento social, indicando que las familias deben permanecer en casa (no acudiendo a trabajar) para evitar la difusión del virus y para que se eviten más contagio y muerte.
Esta medida de aislamiento no afecta significativamente la economía de las familias que tienen ingresos regulares, pero sí, afecta bastante la economía de las familias que tienen pequeños ingresos diarios o esporádicos (el 75 % de la población peruana). La estratégia de contención para que sea exitosa, debe garantizar que las familias no salgan de sus casas, pero un porcentaje importante de trabajadores y trabajadoras que no tienen un régimen estable, o carecen de sindicato, no tendrán ingresos para sobrevivir en los próximos meses. Los medios de comunicación poco abordan esta problemática.
Para justificar la informalidad, los empresarios argumentan contra la supuesta rigidez del mercado de trabajo. Son los promotores de esta competencia destructiva que atentan contra la sindicalización, el salario mínimo, la negociación colectiva, la protección social del trabajo y otros derechos. El objetivo, se dice, es flexibilizar el mercado de trabajo para resolver los problemas de la informalidad, el subempleo y del alto desempleo juvenil.
Flexibilizar es dejarle al mercado que se regule así mismo. Pero, como decía Polanyi (1944): “permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad”. No se puede asegurar que las empresas que operan en mercados desregulados van a generar buenos empleos en el sentido de empleos estables, con protección de los trabajadores y con salarios dignos. El resultado es precisamente el contrario: la globalización neoliberal ha precarizado el empleo e incrementado la desigualdad en los niveles de vida y en los ingresos de la población de nuestros países, sean estos desarrollados o en desarrollo.
La protección social es una herramienta fundamental de política para abordar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza. Los programas de protección social han contribuido de manera significativa al logro de los Objetivos del Milenio y constituyen herramientas clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda 2030.
Un país sin Protección Social, que es nuestro caso, pese a los pedidos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) carecemos del piso mínimo, que los gremios nacionales, organizaciones de consumidores reclaman el cumplimiento del ISO 26.000 (que promueve el reconocimiento de los derechos laborales), y del dispositivo diferenciado de políticas de salud destinada para adultos mayores. Que en el caso de la pandemia del coronavirus, son los mas afectados.
La afectación en la salud de las familias (las vulnerables y no vulnerables) en un escenario de coronavirus es muy alta, pues los países de América latina no tiene un sistema de salud adecuado, muchas veces de mala calidad, y cuentan con escasa cobertura. En el caso de Perú, el Sistema de Salud, apenas disponen del 2% de las camas en cuidados intensivos para atender un eventual agravamiento de la enfermedad.
En nuestro país se impuso una manera de crecer económicamente, que no crea empleos ni ingresos decentes, con una concepción de competencia destructiva. Eso conduce a la corrupción y la concesión de beneficios tributarios junto con el desmantelamiento de los estándares laborales para atraer inversiones.
La desprotección social de los trabajadores y las trabajarodas, la precarización de sus niveles de vida, además, es un atentado contra la democracia. Sin sindicatos fuertes y sin salarios dignos, los trabajadores y las trabajadoras pierden la capacidad ciudadana de contribuir (como mecanismo de contrapeso) al equilibrio de poderes que, justamente, es una de las características de los regímenes democráticos.
Raúl Luna Rodríguez, GRESP - Perú
